Cofin SA no era la fachada de una asociación ilícita dedicada a estafar a ahorristas incautos, sino simplemente una compañía financiera registrada que, en cierto momento, comenzó a presentar problemas de liquidez que, en definitiva, tienen que ser solucionados en la Justicia civil. Esta es la conclusión a la que llegó Mariana Rivadeneira, fiscala de delitos complejos, tras investigar al empresario Jorge Rigourd y a otros ocho integrantes del staff de la compañía financiera Cofin SA: Hugo Rubén Sánchez, Santiago José Pasquini, Jorge Raúl Cosentino, Carlos José Valiente, Marcelino José Iturre, María Celia Paunero, Sebastián Santiago Sánchez y Gabriela Susana Fuentes. Rivadeneira aconsejó el sobreseimiento para todos ellos, decisión que, según pudo averiguar este diario, en principio corresponde al juez Raúl Armando Cardozo.

El dictamen desmorona la hipótesis de que Rigourd y Cofin SA eran los protagonistas de “la mayor estafa de la historia”, como sostuvo Guillermo Herrera, el ex fiscal que abrió la pesquisa en 2014. Herrera llegó hasta hacer convocatorias públicas de damnificados. Rivadeneira incluyó en el requerimiento de declaración de inocencia un listado de 234 denunciantes. Si prospera la posición de que ni Rigourd ni su socio Sánchez ni sus colaboradores delinquieron, aquellos tendrán que contentarse con negociar sus créditos, si es que no participan de los concursos de acreedores en trámite. Aunque aún no está todo dicho, el tiempo transcurrido; la sofisticación de la causa y la saturación del sistema judicial tornan lejana la posibilidad de que los imputados reciban una condena penal y sean obligados a hacer reparaciones pecuniarias.

La reducción del conflicto a una cuestión civil contrasta con la espectacularidad de las medidas tomadas al principio. Herrera practicó allanamientos y secuestros múltiples en la city y en un country; detuvo a Rigourd y a Sánchez, y hasta abrió 276 cajas de seguridad. Ese proceder tensionó al sistema judicial: el Colegio de Abogados de la Capital denunció que el caso “Rigourd” demostraría la existencia de “un patrón extorsivo” en la Justicia penal y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso una auditoría. Meses después y acorralado por los cuestionamientos, incluso de que habría cobrado una coima a cambio de liberar a Cosentino, Herrera renunció para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil (ver por separado una selección de evocaciones, detalles y anécdotas ligadas a la causa).

El dictamen de 81 carillas dedica casi 64 a describir las diligencias llevadas adelante y las evidencias incorporadas al proceso. Rivadeneira luego analizó la posibilidad de encuadrar las conductas investigadas en las figuras delictivas de la estafa y de la asociación ilícita para determinar que ello era inviable.

Respecto de la estafa, la fiscala consideró que no estaba probado que los acusados hayan “montado una compleja estructura de recursos humanos y materiales; fingido solvencia; ambientado oficinas y simulado relaciones con el mundo empresario y falseado promesas” con el objeto de obtener dinero para aplicarlo a fines distintos de los pactados. “No podemos tener por acreditado que la intención inicial de los involucrados haya sido fraudulenta ni que hayan aparentado bienes y solvencia debido a que, según el informe contable y el resto de las constancias, los negocios venían funcionando con regularidad”, dijo Rivadeneira.

La fiscala añadió que esa actividad consistía en la celebración de contratos de mutuo mediante la oferta de tasas de interés superiores a las del mercado; la cesión de derechos crediticios y la realización de operaciones inmobiliarias. El requerimiento precisa que los clientes llegaban solos a la sede de Cofin SA situada en la calle San Martín al 600 y que les atraía la idea de obtener una mayor rentabilidad que la que generaba la colocación de los fondos en un banco. Un aspecto llamativo de la investigación es que no fue posible precisar a partir de qué momento la firma de Rigourd dejó de cumplir con todas las obligaciones. Rivadeneira incluso apuntó que, si bien a partir de 2014 comenzaron a aparecer cheques rechazados, la compañía los rescató y canceló las multas para evitar el cierre de las cuentas corrientes: “ello revela el interés por seguir en el rubro y solucionar los inconvenientes ocasionados”.

En cuanto a la asociación ilícita, la fiscala desechó que Rigourd y su equipo se hayan “puesto de acuerdo en forma previa para ejecutar delitos”. “No se ha logrado probar nada de eso”, enfatizó Rivadeneira.

El aconsejamiento hizo en definitiva suya la versión que siempre dio Rigourd. En mayo de 2015 y después de pasar 40 días en la cárcel, el empresario concedió una entrevista a LA GACETA en la que manifestó: “lo que me pasó a mí debe servir para entender que toda inversión tiene sus riesgos y quizá sí ha sucedido que inversores pequeños entraron en un negocio que no era para su perfil. Hay que ser conscientes de que las apuestas a veces funcionan y a veces fallan. Estoy en el rubro desde hace 24 años, hicimos asesoramientos muy exitosos y pagué impuestos millonarios. Tuve complicaciones, pero no pergeñé la gran estafa del fiscal Herrera”.